Más de 300.000 viviendas irregulares de las que existen en Andalucía empiezan a ver la luz gracias al decreto Ley de la Junta de Andalucía, publicado en septiembre de 2019.
Este decreto Ley indica que no podrán legalizarse las viviendas que tengan menos de 6 años o aquellas que tengan una sentencia firme de los tribunales, ni tampoco las que se asienten sobre suelos de especial protección. La intención es poner fin al caos jurídico y administrativo con una norma basada en la protección ambiental y en la simplificación de los trámites.
Como todo buen decreto trabaja en tres niveles de actuación, el individual, que atiende a las edificaciones fundamentalmente, el grupal, identificando los núcleos de población existentes, y el general, posibilitando la incorporación de todo esto a los Planes Generales.
Pero lo que le interesa al afectado de a pie es realmente si esto es efectivo. El planteamiento inicial parece similar al anterior, quizás un poco más claro, pero, en resumidas cuentas, debemos justificar la antigüedad, las condiciones de habitabilidad y la existencia de servicios, sean acceso, agua, electricidad o saneamiento.
Y ya podemos decir que en municipios como Mijas, Coín, Cártama, Alhaurín el Grande… hemos concluido diferentes expedientes de Reconocimiento de Asimilado a Fuera de Ordenación.
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